El juicio político al presidente ha surgido como un instrumento poderoso para desplazar a los mandatarios “indeseables” sin destruir el orden institucional. Este nuevo patrón de inestabilidad llegó a tener su auge durante más de una década en distintos países de América Latina durante los años 1992 y 2004. En estas situaciones se vieron enfrentados a juicios políticos los presidentes como Fernando Collor de Mello (Brasil), Carlos Andrés Pérez (Venezuela), Ernesto Samper, (Colombia) Abdalá Bucaram (Ecuador), Raúl Cubas Grau (Paraguay) y Luis González Macchi (Paraguay) (Pérez-Liñan, 2009).
En este contexto latinoamericano se encuentra que Paraguay fue el país que mayor número de juicio político ha pedido a sus presidentes. Algo que demuestra por un lado una clara conciencia cívica de sus ciudadanos, pero por otro lado motiva las preguntas:
¿Es válido el juicio político cuando el gobierno NO ha cometido crimines que atenten contra la humanidad de sus habitantes?
¿Es válido un juicio político cuando el gobierno es legítimo? ¿Qué tiene más valor los intereses manifestados democráticamente en las elecciones populares o los intereses populares manifestados en un pedido de juicio político al gobernante de turno?
Estas interrogantes llevan a entender que la herramienta constitucional del juicio político usada en forma inadecuada se convierte en un elemento de acción que conduce a inestabilidades políticas similares a la de un golpe de estado militar puesto que se pone en conflicto la elección democrática de un presidente con los intereses temporales. La razón de este argumento se basa en que en condiciones de esta naturaleza se hace imposible la gobernanza de un País en este caso de Paraguay ya que por cualquier motivo se monta una parafernalia social que en todo momento busca la cabeza del gobernante de turno sin que existan contribución de fondo a la resolución de los problemas económicos, sociales, ambientales y políticos que los generan; es así que si el mero juicio político funcionará hoy no tendríamos los mismos problemas que tenemos desde antes que se iniciará su aplicación.
En situaciones complejas que involucran al Presidente de la república, el Congreso y la Sociedad Civil Organizada es necesario coordinar el juego hacia un interés colectivo común el cual aseguré la institucionalidad gubernamental lejos de modelos anarquistas o totalitaristas. Es así que serán necesarias reformas a nivel constitucional que mejoren la comunicación entre el presidente de la república y el congreso nacional donde se pueda involucrar a la sociedad civil en un papel fundamental el cual sirva para expresar nuestro derecho ciudadano para la construcción de un bien común, un Paraguay mejor para todos.
Referencias
Pérez-Liñan, A (2009)” Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina” Fondo de Cultura Económica.
Congreso amenaza con juicio político a Lugo y ministros de la Corte, Diario ABC Color, Fecha de publicación: 2 de enero de 2010. Consultado el 12 de enero de 2010. Disponible en: http://www.abc.com.py/abc/nota/62621-Congreso-amenaza-con-juicio-pol%C3%ADtico-a-Lugo-y-ministros-de-la-Corte/
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
No hay comentarios:
Publicar un comentario